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Martes - 07.Diciembre.2021

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¿Es rentable descontaminar una Estación de Servicio?

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¿Es rentable descontaminar una Estación de Servicio?

La ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental incorpora al ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevención y de “quien contamina paga y repara”.

El titular de una actividad industrial debe conocer el estado de sus instalaciones y la posible afección que hubiera causado al medio subterráneo, estableciendo la ley el régimen sancionador que prevé la imposición de multas de entre 10.001 y 2.000.000 de euros e incluso el cese temporal o definitivo de la actividad, lo que no exime al titular de acometer las medidas de descontaminación con independencia de la sanción impuesta.

Entre otras se consideran infracciones muy graves no informar a la autoridades competentes de la existencia del daño medioambiental, hacerlo con injustificada demora o no adoptar las medidas reparadoras necesarias.

Es importante tener en cuenta que la responsabilidad del operador se extiende hasta treinta años desde que se produjo el último episodio contaminante, aunque la actividad hubiera cesado.

Por otro lado el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, “por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados”, establece que la resolución administrativa por la que se declare un suelo como contaminado se hará constar en el folio registral de la finca, con la pérdida de valor que esto conlleva.

El coste de una descontaminación depende de muchos parámetros, tales como el tipo de terreno y del contaminante, el área impactada, el volumen y la extensión de la zona contaminada, el grado de recuperación exigido, etc.

Para evaluar la efectividad de las medidas correctoras es necesario tener un conocimiento técnico especializado del que el pequeño operador no dispone, en contraposición de las grandes empresas del sector del hidrocarburo que cuentan con equipos técnicos capaces de valorar las actuaciones que deben realizarse en sus instalaciones.

Ante esta situación el pequeño operador de hidrocarburos se encuentra desasistido a la hora de tener que afrontar en solitario un proceso de descontaminación en su Estación de Servicio, ofreciéndole habitualmente las empresas del sector soluciones de, en principio, bajo coste asociadas a cortos plazos de tratamiento difícilmente alcanzables y que en realidad pasan a ser procesos costosos al prolongarse en el tiempo, por ser insuficiente y estar escasamente dimensionados. En numerosas ocasiones con este tipo de planteamientos lo que sucede es que tras muchos meses de proceso la situación del terreno no ha mejorado sustancialmente.

Las causas de que esto se produzca radican principalmente en el desconocimiento que existe en relación a que es un "proceso de descontaminación", para qué sirve, por qué hay que hacerlo y cuál es el beneficio que se obtiene. Por un lado el operado no conoce técnicamente los procesos y por otro lado las empresas consultoras necesitan contratación, por lo que se ven obligadas para subsistir a ofrecer la mejor oferta económica, reduciendo la calidad del servicio.

Los planteamientos de "oferta mínima" se basan en reducir el número de controles necesarios de operación, implantar infraestructuras escasas e insuficientes que no son efectivas para abarcar toda la zona contaminada, operar con plantas de tratamiento deficientes que normalmente se encuentran amortizadas. y definir plazos cortos de actuación.

Todo ello hace que el operador se encuentre con una oferta muy baja que le resulta más atractiva, pero que a largo plazo no solucionará su problema.

Como ejemplo nos podemos encontrar para una misma Estación de Servicio una oferta de descontaminación con un importe de 80.000 €, con un planteamiento de 4 sondeos para, exclusivamente, bombeo de aguas subterráneas y un plazo de operación estimado de 10 meses y una segunda oferta de 140.000 €, en la que se definen 10 sondeos, para bombeo y extracción de vapores, y un plazo de tratamiento de 18 meses.

Evidentemente en algo que desconocemos y que no vemos más ventaja que el cubrir las exigencias legales, siempre optaremos por la oferta más barata.

En realidad lo que sucederá con el planteamiento de la primera oferta, al no incluir un dimensionamiento adecuado ni un control exhaustivo, es que transcurridos los 10 meses el tratamiento no habrá sido suficientemente efectivo, por lo que se necesitará ampliar el contrato. En definitiva los 10 meses se convertirán en 15, luego en 20, después en 30..., se habrán gastado unos 140.000 €, sin haber resuelto el problema.

Estas ampliaciones son fácilmente justificables con argumentos técnicos que el operador desconoce y que no tiene capacidad de rebatir (ha subido el nivel freático, hay indicios de aportes de contaminación, hay más contaminación de la esperada inicialmente, ha variado la dirección de flujo subterráneo, etc.).

Si se hubiera optado por la solución adecuada, lo más probable es que a los 18 meses se habría resuelto con éxito el problema e incluso en una plazo inferior, invirtiendo 140.000 € pero asegurando el plazo, el coste y la resolución del problema de forma definitiva y permanente en el tiempo.

Es muy rentable, por tanto, contar con especialistas en la materia que conozcan los procesos, las técnicas existentes y los precios de mercado, para que valoren la eficacia de las soluciones y actuaciones de descontaminación que ofrecen las empresas consultoras del sector de los suelos contaminados.

En definitiva se tiene una visión equivocada de lo que es un proceso de descontaminación, que en realidad debería considerarse como un coste más de producción, existiendo la idea de que se trata de actuaciones encaminadas solo a "cubrir el expediente" y que no reportan beneficio alguno. Pero nada más lejos de eso, ya que con una actuación de descontaminación bien enfocada, planificada y ejecutada se obtiene muy buenos resultados. Además de su obligatoriedad es rentable si se tiene en cuenta la existencia de un ordenamiento jurídico que establece sanciones importantes e incluso el cese de la actividad.

 

Alejandro Prados Pecharromán.

AMS Técnicas de descontaminación.

 

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